Nuevas reglas del juego

Dr.C . Oscar Fernández Estrada

(Transcripción íntegra de las palabras pronunciadas el 18 de septiembre en el espacio Dialogar, dialogar, que auspicia la AHS y tiene lugar los penúltimos miércoles de cada mes a las 4:00pm en el Pabellón Cuba. Revisadas y corregidas por el autor)

Muchas gracias, en primer lugar a Elier y a los compañeros de la Asociación Hermanos Saíz. Es una gran oportunidad participar de esta excelente plaza que se viene  regularizando en los últimos meses y que va ganando cada vez más seguidores. Lo considero una oportunidad muy provechosa porque uno no viene a este tipo de espacios a enseñar, uno viene no más que a someter o proponer un grupo de ideas que al final las recoge enriquecidas o incluso hasta modificadas.

Quiero comenzar señalando que los panelistas que asistimos hoy aquí no nos hemos coordinado en realidad. Solo por correo electrónico intercambiamos algunos titulares sobre lo que abordaría cada uno. En la práctica creo que muchos de los puntos críticos, de los puntos de intenso debate hoy respecto a nuestra economía, estarán presentes en las tres intervenciones aunque quizás sean enfocados de manera diversa. Seguro encontraremos puntos de discrepancias entre nosotros, e igualmente encontraremos puntos de contacto, como es natural.

El actual proceso de transformación de la economía coincido en que no comenzó con el VI Congreso del Partido, que tiene sus antecedentes más cercanos en los años 90. Sin embargo, debo destacar que este proceso tiene también antecedentes más antiguos, e incluso más aleccionadores, en la experiencia emanada de la implantación en Cuba del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía que comenzó en el año 1975 con el 1er Congreso del PCC, y se extendió hasta mediados de los 80 cuando, a la luz del llamado “proceso de rectificación de errores”, fue sometido a crítica profunda.

Ahora, esta etapa específica de transformaciones, esta etapa actual llamada “actualización”, tomó fuerza en la práctica en octubre del año 2010 con las primeras resoluciones que autorizaban la expansión del trabajo por cuenta propia, con lo cual ya va cumpliendo sus tres primeros años. A pesar de que no hay una conceptualización clara, de que no hay aún un documento público que sintetice nuestras aspiraciones desde el punto de vista de la Economía Política, sobre cuál es la sociedad socialista que queremos, a partir de finales del 2010 ya se van configurando un grupo de ideas que fueron recogidas en los Lineamientos, y que como resultado de una primera vuelta de debate popular ha intentado avanzar un consenso sobre la necesidad de transformar el modelo existente.

Todo esto ha venido a conformar un panorama nuevo, con la emergencia de nuevos actores ejerciendo nuevos roles, y con la persistencia de viejos actores exigidos a modificar sus viejos roles, todo ello en un contexto en que comienza a explicitarse con intensidad un conjunto probablemente irreversible de “nuevas reglas de juego”. Algunas de estas reglas han venido concibiéndose por el “árbitro central”, mientras otras se van estableciendo por los propios “jugadores”, edificando a veces en un sentido opuesto o paralelo al deseable, pero siempre como reacción consistente con sus roles a veces no capturados por las políticas centrales.

Este proceso que se ha desatado es contentivo de una visión específica –no la única posible– sobre cómo superar el modelo anquilosado previo. Modelo este que, sobre todo en los últimos años, había pretendido funcionar bastante al margen de algunas de las condiciones objetivas que vienen describiendo la reproducción de la sociedad, y que por ello, era portador de un considerable riesgo de reversión sistémica. Pretender que los individuos estaban protegidos porque el Estado se comprometía con exigir, por ejemplo, que el pelado (corte de cabello) tuviera un precio de 1 peso (cup), laceraba hondamente el prestigio del Estado y por tanto del socialismo cubano, al no poder evitar que el servicio se ofreciera en realidad a un precio varias veces superior fijado extralegalmente por el mercado (10-20pesos).

El modelo en marcha pretende romper con este tipo de distorsiones. Considero que esta visión actual –intentando una interpretación relativamente sistémica de todas las medidas que se han venido tomando y algunas que están anunciadas, aunque no se ha afirmado oficialmente en ningún lugar– está avanzando de manera implícita hacia una economía donde los mercados funcionen con bastante plenitud, lo que no significa que tengan un papel rector. Podemos acuñarla como una “economía de mercado” lo cual no significaría una economía capitalista necesariamente, porque en medio hay otros elementos determinantes. Sé que este término podría traer alguna confusión, pues su empleo para el común de los mortales ha constituido durante muchos años un sinónimo de “economía capitalista”. Sin embargo no es del todo rigurosa esa asociación. Quizás todas las economías del mundo en los últimos dos siglos han sido de mercado –con mercados más liberalizados, o más restringidos o influenciados–, así como casi todas posterior a la Gran Depresión de los años 30 han sido también economías en alguna medida “planificadas” sin que se les acuse de “socialistas”. La discusión del término merece un espacio mayor en otra oportunidad, lo que quiero subrayar aquí es que en el nuevo modelo cubano los agentes económicos de todo tipo (estatales y privados) se van a relacionar cada vez más a través de flujos horizontales autoestablecidos, y cada vez menos según las formas específicas centralmente predeterminadas. Hacia esa visión de la economía es que se está avanzando. Esto no excluye que desde el centro se deba ejercer influencia sobre el resultado de estos flujos, acotando, condicionando o estimulando determinados comportamientos juzgados socialmente como deseables, con lo cual conservaría su papel rector. Esta influencia se ejercería utilizando los incentivos económicos como uno de sus resortes de peso, pero es imprescindible que aprenda también a movilizar a los actores desde los valores genuinos de una sociedad solidaria.

En otras palabras, sería una economía de mercado muy sui generis en el mundo actual, porque estaría marcada por al menos tres elementos distintivos. En primer lugar, pareciera un axioma que continuará el predominio de la propiedad estatal sobre los medios de producción –condición mínima para el aprovechamiento social del proceso de acumulación–, aunque a todas luces no será tan absoluto como había sido concebido hasta ahora, sino con mucha más flexibilidad y autonomía. Por otra parte, sin que haya contradicción con lo anterior, esta economía tendría una participación relativa mucho más amplia del sector privado, tanto doméstico como foráneo, en diversas formas y tamaños. Y en tercer lugar, todo esto funcionaría bajo la mirada reguladora del Estado, con una nueva, una muy diferente forma de intervención, pero también conminada a conseguir progresión en este tan irregular proceso como es la transición socialista.

Ciertamente coincido con mis colegas en que el desarrollo aún no está en la agenda del debate público. El desarrollo aún no está en la mira de las acciones que se han desatado, todavía no se percibe, aunque ya está anunciado un primer paso en los preparativos para la elaboración del Programa de Desarrollo Económico y Social a largo plazo, cuya visión tendría como horizonte temporal el año 2030. Y entiendo por desarrollo no solo la transformación de la base productiva que conduzca a la superación de los estrangulamientos congénitos. La comprensión del desarrollo contenida en este Programa tiene que ser un proceso mucho más abarcador, que incluya además el reconocimiento y la manera de superar los niveles de pobreza que tenemos, el empoderamiento de grupos marginados o vulnerables, los problemas ambientales, tecnológicos, los equilibrios territoriales, la conformación de las aspiraciones culturales que tendríamos como sociedad, entre otro montón de elementos que tendrían que figurar en esta lista. Desde hace más de dos décadas en Cuba estaba desaparecida la visión de largo plazo. Estábamos empantanados en una filosofía de supervivencia, de administración de crisis. Ahora felizmente reaparece al menos en el discurso público como una necesidad, aunque ciertamente en este momento el esfuerzo se ha centrado más en otros aspectos que son punto de partida, condición necesaria para propiciar el desarrollo.

Este proceso de Actualización, al parecer se va a ir desatando en diferentes etapas. Estamos en una primera etapa, en la cual el esfuerzo fundamental está dirigido a la modificación de las reglas de funcionamiento que han regido históricamente nuestra economía, que si bien han garantizado la supervivencia política del sistema también han constituido un fuerte obstáculo para el desarrollo en los últimos años. En una segunda etapa vendría el objetivo de la transformación de la estructura productiva y social, por lo tanto lo asociado al desarrollo. Aunque lo esbozo como dos etapas no necesariamente hay que verlas de manera aislada, no tienen que verse en orden secuencial, no hay que terminar una para comenzar la otra, porque son procesos que pueden solaparse en gran medida.

Ahora bien, refiriéndome a esta primera etapa, la modificación de la manera en que ha funcionado la economía va a tomar unos cuantos años, porque hay demasiadas barreras  que rebasar. Por suerte, esta transformación está viniendo desde el liderazgo histórico que está rompiendo él mismo con su propio modelo anterior; pero aun así, hay mucha resistencia –incluso inconsciente– y esos son fenómenos que no se solucionan en corto plazo. Los cambios de paradigma relativamente profundos como este toman tiempo para establecerse. Yo estimo –sin que haya mucha ciencia rigurosa en esta estimación– que esta etapa de modificación del funcionamiento puede llegar hasta el 2020 perfectamente. Aunque el propio presidente Raúl Castro ha anunciado que el proceso de actualización tardaría al menos cinco años, creo que cinco años es un pronóstico optimista para la magnitud de la transformación a acometer, sobre todo en términos conceptuales.

Quiero remarcar, además, que estas trasformaciones conceptuales que están en marcha en este momento, a mi juicio no son cosméticas, son sustantivas. Son transformaciones profundas, abarcadoras, aunque en este momento todavía están batallando fundamentalmente en el campo de los paradigmas establecidos, por lo que su impacto no se derrama aún con demasiada fuerza en cambios para la sociedad. Se trata de transformaciones imprescindibles y complejas, por cuestionar mitos de larga data convertidos en catecismos y confundidos en muchas ocasiones con esencias del socialismo.

En este sentido voy a abordar cinco aspectos sustanciales que de alguna manera se han venido avanzando como objetivos. Estos son: incrementar el peso relativo de la propiedad no estatal en la economía; transformar el ineficaz modelo de gestión de las empresas estatales; compatibilizar el papel rector de la planificación con el ambiente de mercado en el que se desempeñarán los actores económicos; reordenar el funcionamiento de las instituciones del Estado; y eliminar la falta de correspondencia entre la trascendencia social del trabajo aportado por las personas y el nivel de vida al que tienen acceso. Subrayo que la sucesión en que los estoy presentando no se corresponde con orden de prioridad alguno.

Como les comentaba, el primero de los objetivos que puede inferirse de la implementación en marcha, tiene que ver con el incremento del peso relativo de la propiedad no estatal en la economía. Yo creo que ya a todos nos queda claro a esta altura que hay una promoción de nuevos emprendimientos no estatales, ya sea en formas de trabajo individual, ya sea en formas cooperativas, o sea en formas privadas.

Aquí en este tema hay muchos conceptos que aunque se nos van haciendo comunes son realmente muy connotados, porque están marcando rupturas con paradigmas que anteriormente eran inamovibles.

Primero, mencionaba la promoción de nuevos emprendimientos no estatales.  Hace unos días un colega de la facultad me circuló un fragmento de un discurso de Fidel del año 1968, el 13 de marzo en la escalinata universitaria, donde argumentaba los motivos de la Ofensiva Revolucionaria. En él se planteaba que no tendrían porvenir en este país ni el comercio ni el trabajo por cuenta propia, y que el que trabajara por cuenta propia debería pagar caro el hospital, la escuela, etc. Y hay que ver cómo esos paradigmas que pudieron haber sido coherentes con un momento histórico concreto, con una realidad, incluso con un nivel de maduración del pensamiento desde la economía política del socialismo, cómo la historia misma los ha ido superando y nos ha ido dando nuevas enseñanzas.

Sobre este mismo tema hay una cuestión muy significativa en la reforma actual, y es el reconocimiento tácito a la propiedad privada capitalista –aunque sea a nivel de la micro o pequeña empresa– desde el mismo momento en que autorizamos la contratación de fuerza de trabajo. Este para mí es uno de las cambios conceptuales más transcendentales de los últimos años: la autorización a la contratación privada de fuerza de trabajo, y prácticamente ha pasado sin mucho revuelo. Subsiste el debate, en la academia y en otros medios, sobre si esto significa o no una contradicción con el artículo 14 de la Constitución, relacionado con la explotación de trabajo ajeno. Para mí es claro: aunque nuestro sistema social imprime matices sustantivos que marcan la diferencia, la autorización a contratar fuerza de trabajo en cantidades ilimitadas supone el reconocimiento de empresas privadas capitalistas y en estas, mientras no se demuestre otra cosa, tienden a aflorar expresiones de explotación.

Por otra parte, otro concepto “nuevo” está en el impulso a la creación de cooperativas en el sector no agrícola, lo cual era también un tema tabú. En los años 90 aprobamos cooperativas agrícolas –bastante mediatizadas por cierto–, sin embargo, no quisimos tocar ni con un pétalo el sector no agrícola, cuando incluso desde la teoría aceptada y difundida de la economía socialista estaba reconocida como una forma de propiedad social a desarrollar.

Otro tema trascendente aquí son las transacciones regulares que se están estableciendo entre el sector estatal y no estatal de la economía, sin límite preestablecido. Ese es otro arquetipo que se va rompiendo, no sin una gran resistencia. Fíjense que las normas  jurídicas que rigen este asunto no determinan montos máximos para la contratación de bienes y servicios a los privados por parte de instituciones estatales. Solo establece dos principios esenciales: proceso de licitación pública y decisión por un órgano colectivo. Incluso en las últimas intervenciones que han hecho algunos dirigentes –específicamente Marino Murillo en la Asamblea Nacional de julio pasado– se hizo referencia a algunas distorsiones que se han ido generando. Se han producido ejemplos de pagos irracionales y se ha enfatizado por nuestras autoridades que hay que corregir esas distorsiones, pero que de ninguna manera hay que revertir el concepto. Porque el concepto es claro: tienen que estar conectadas todas las formas productivas, tienen que poder comerciar entre ellas, tienen que partir de condiciones de igualdad relativa, tienen que competir o integrarse espontáneamente en cadenas de valor, en fin, tienen que construirse los mercados con sus oferentes y demandantes, sean formas productivas o consumidores finales. Luego, hay que ir en paralelo dando los pasos para potenciar el sector estatal, pero sobre la base de ventajas competitivas naturales o desarrolladas y no de ventajas administrativas artificiales. Lo que pasa hoy es que las empresas estatales tienen –por decreto administrativo– control monopólico artificial en muchas actividades, pero a la vez están mucho más atadas para producir con eficacia –también por disposiciones administrativas– que las formas no estatales. Ambas cosas hay que corregirlas.

Otra importante cuestión conceptual, relacionada con las modificaciones en la estructura de la propiedad, es el tema de la inversión extranjera. Aunque ya recién se ha lanzado una convocatoria para invertir en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, y se vienen experimentando asociaciones en sectores como el azúcar –que habían estado cerrados  en la apertura de los 90– todavía este es un tema muy controvertido. Por ejemplo, en los Lineamientos aprobados por el Congreso se le asigna un rol complementario en la economía. Sin embargo, cada vez va ganando más fuerza el consenso de que resulta una necesidad determinante, pues el salto que necesita la economía cubana requiere inversiones y es prácticamente imposible en las condiciones nuestras generar fuentes internas de acumulación. Teniendo en cuenta nuestras condiciones de partida, es imposible soñar con una economía medianamente pujante sin potenciar los flujos de inversión extranjera. Durante muchos años nos hemos preocupado más por cuánto se lleva el socio extranjero y no nos hemos preguntado tanto cuánto nos deja a nosotros su inversión.  Hay que hacerlo con inteligencia, sabiduría, transparencia, con los niveles de centralización y fiscalización imprescindibles, pero solo los verdaderamente necesarios. Este tema todavía no se ha posesionado del debate público tanto como resultaría necesario.

Todo este sistema de acciones se espera que sea beneficioso para apoyar la transición socialista, para avanzar hacia el desarrollo socialista, porque contribuye a desatar las fuerzas productivas. Esto es a través de la creación de nuevas ofertas de bienes y servicios, la regularización de empleos antes existentes de manera informal, la posibilidad de capturar y redistribuir la contribución fiscal de estos agentes, las potencialidades que emergen de generar encadenamientos productivos, entre otros aspectos. Sin embargo, este nuevo orden puede desatar y consolidad simultáneamente otras transiciones diferentes en la base de la sociedad, las cuales no necesariamente avanzan en el mismo sentido que esperamos de nuestra transición socialista. Por ejemplo, la legitimación del interés material como valor supremo, la profundización de la fracturación de la sociedad en clases, y el posicionamiento desde el exterior sobre propiedades en Cuba, son algunas de las amenazas contenidas en el proceso que deben afrontarse conscientemente.

El segundo gran objetivo tiene que ver con la transformación del ineficaz modelo de gestión de la empresa estatal. Fíjense que aquí hay un tema también conceptual que muchas veces suele tergiversarse, sobre todo en medios foráneos: no se trata de privatizar las empresas estatales, no hay un proceso de privatización. El Estado se está descargando de la gestión de actividades que están a nivel de la producción mercantil simple, generadoras de muy poco valor agregado en términos relativos, sin enajenar activos relevantes. Está planteado el debate en torno a la solución que se está implementando, en cuanto a los modelos de gestión que se están experimentando, pero lo que casi nadie discute es que la gestión estatal centralizada que había caracterizado hasta ahora estas actividades era completamente ineficaz. No se puede confundir esto con la apertura a nuevos emprendimientos que describí en el punto anterior. No hay en este plano un proceso de privatización. Son procesos diferentes: la modificación de los modelos de gestión de las empresas estatales y la apertura a los nuevos emprendimientos no estatales. Cierto es que cuando usted entrega en arrendamiento alguna instalación, seguramente algunos activos tendrán que ser vendidos, porque no podemos seguir controlando centralmente los cubiertos, las sillas y las mesas. Y también es cierto que cuando el Estado se queda solamente como arrendador de los medios de producción, deja de beneficiarse de la expansión de los rendimientos que la nueva forma de gestión puede imprimir al negocio. Estos rendimientos quedan en manos privadas o de cooperativas según sea el caso.

Sin embargo, aquí el elemento más sustantivo y que todavía está encerrado entre grandes signos de interrogación, es el que se refiere a las grandes y medianas empresas estatales, a cómo van a funcionar, cómo se les va a sacar del atolladero. Se afirma que el nuevo modelo se va a caracterizar por una mayor autonomía en la gestión de estas empresas, aunque sin llegar a formas de autogobierno obrero. En las Directivas del Plan 2014, anunciadas muy recientemente por nuestras autoridades, hay importantes avances en este sentido. Anterior a ese anuncio las esperanzas de descentralización aguardaban por los llamados “experimentos empresariales” que se estaban diseñando e implementando de forma controlada, básicamente en tres grupos empresariales. Ahora estas Directivas pretenden generalizar a todo el sistema empresarial un nivel de autonomía que ataca directamente esa noción de planificación que nos ha enredado en una telaraña administrativa, carcelera de la iniciativa y la innovación, y verdadera mordaza para la productividad.

¿Qué proponen las directivas? En primer lugar, la transformación del concepto de “objeto social”. A partir de ahora el llamado “objeto social” ya deja de sufrir de ese síndrome de la “discrecionalidad positiva” al que Triana hacía referencia, porque en lo adelante ya no va restringir explícitamente lo que puede o no hacer cada entidad, sino que va a marcar solamente cuál es su actividad fundamental. Todo lo demás que se quiera hacer sería decisión de la directiva de la empresa. En paralelo con esto aparece un concepto nuevo, el de “encargo” o “pedido estatal”, que va a estar definido por las cantidades y tipos de producciones que el Estado le va a encargar a la empresa para satisfacer los objetivos prioritarios, y que en perspectiva no deben comprometer el 100% de su capacidad productiva. El resto de las producciones se podrán comercializar en el mercado, supuestamente a cualquier agente económico, a precios mutuamente convenientes.

Ahí es donde nace realmente el mercado mayorista, cuando para adquirir un insumo basta con establecer contacto con los oferentes y acordar los términos, sin que medien barreras ni permisos administrativos supra-económicos. En la medida en que se logre que los objetivos prioritarios sean satisfechos a través de ese mercado entonces el “pedido estatal” iría cediendo espacio como mecanismo directo de regulación de la producción. Entonces estamos viendo ya una transformación conceptual que, de generalizarse adecuadamente, puede tener resultados muy positivos.  Súmele a esto que las empresas conservarán el 50% de las utilidades, las que podrán distribuir o invertir; que conservará las reservas creadas a partir de los débitos atribuidos a la depreciación de los activos, montos que hasta ahora habían sido cedidos a los niveles centrales.

Sin dudas hay importantes elementos de cambio en esas Directivas para el 2014, que aunque constituyen señales que valoro de muy positivas y coherentes, confrontan la gran limitación de que en realidad no son vinculantes por sí mismas. El hecho de que estén emitidas no es garantía de su aplicación, pues requiere que se modifiquen muchos elementos en el complejo marco regulatorio que acompaña la actividad empresarial.

Todo esto guarda mucha relación con el tercer objetivo, el de compatibilizar el papel rector de la planificación con el ambiente de mercado en que se van a desempeñar los actores económicos en este momento. La planificación tiene que dejar de entenderse como el mecanismo sacrosanto a través del cual los niveles centrales del Estado deciden con precisión las fuentes y los destinos de todos los recursos que se ponen en movimiento en la economía. Por una sencilla razón: es imposible conseguirlo, al menos en nuestras condiciones. Es imposible desplegar un proceso de asignación centralizada de recursos y tareas a los actores económicos sin que ello provoque despilfarros o escasez artificiales en muchas ocasiones. El sistema no puede funcionar a partir de un diseño en el que los actores tengan que interactuar con algún nivel central –buscando una liberación de un recurso, una excepción en una regla o política, o simplemente un visto bueno– para ejecutar cada operación con los restantes actores, algo que debería ser totalmente horizontal, muy sencillo y automático. El Estado tiene que aprender a regular los procesos económicos utilizando mecanismos indirectos. Esto significa menos presencia de regulaciones administrativas, que por lo general son las que prohíben u obligan determinados comportamientos, y más empleo de políticas de incentivo, que son las que estimulan a los actores a que se comporten en el sentido que se espera de ellos. Creo que el embrión de esta idea está presente en las Directivas del Plan 2014 que mencioné hace un instante.

Otro asunto muy importante es que por primera vez en muchos años el largo plazo aparece en el discurso –y también en el diseño de políticas– como el horizonte determinante en el proceso de planificación. Como mencioné hace unos instantes, se está hablando de elaborar un plan de desarrollo hasta el 2030. En los últimos años no hemos tenido un sistema de objetivos estratégicos integralmente concebidos que nos sirvieran de guía. Ahora se trata de superar el enfoque cortoplacista de “administrar crisis” y colocar la mirada más allá, tratando de construir el futuro que aspiramos.

El cuarto objetivo planteado persigue el reordenamiento de las funciones de las instituciones del Estado, en búsqueda de una mayor eficacia y racionalidad. Aquí se producen dos cambios principales. El primero es que comienza a cuestionarse la visión imperante acerca del predominio absoluto de lo central sobre lo local como nivel de decisiones. Esto también es un cambio de paradigma inimaginable unos años atrás, que todavía no tiene expresión acabada, pero comienza a instrumentarse, y no solo en los experimentos conocidos en las provincias de Artemisa y Mayabeque. Están comenzando a aparecer expresiones de esto en las normas jurídicas que van emergiendo. Por ejemplo, la nueva Ley Tributaria ya envía señales en este sentido. ¿Que son insuficientes? De acuerdo, pero son un buen paso para comenzar. También ahora habrá que aprender a gestionar estas decisiones desde los gobiernos locales, a utilizar adecuadamente los presupuestos, y a organizar una participación efectiva de las comunidades en la decisión sobre los recursos.

Por otro lado, una importante cruzada se ha emprendido con el propósito de concentrar a los organismos del Estado en sus funciones estatales, quitándoles toda responsabilidad empresarial que puedan estar arrastrando. Para ello, se acomete un proceso de eliminación paulatina de la subordinación de las empresas a los ministerios, pasando a subordinarse a las llamadas Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial.

El quinto y último aspecto tiene que ver con la necesidad de eliminar la falta de correspondencia entre la trascendencia social del trabajo aportado por las personas y el nivel de vida al que tienen acceso. Este es un tema muy complicado, que aunque está explícitamente declarado, aunque ha tenido varias expresiones en el discurso político, no aparecen aún las señales esperadas. Y es que la solución al problema de los salarios ¿debe esperar al reencuentro con la productividad o debe ser asumido como un tema social urgente con un carácter profundamente político?

La situación actual es realmente susceptible: primero, el sistema salarial –del sector estatal– se encuentra erigido sobre la base de un diapasón muy estrecho; segundo, las escasas diferencias remunerativas no premian adecuadamente ni la complejidad, ni la responsabilidad, ni los resultados del trabajo; tercero, las magnitudes no satisfacen las necesidades ni siquiera de la reproducción de la fuerza de trabajo, tema por demás generador de reglas y dinámicas sociales incalculables; cuarto, existen complementos retributivos no salariales –y que por su valor pueden llegar a superar varias veces el salario– que se aplican discrecionalmente en determinadas instituciones sin estar regidos por un criterio de universalidad, y que por lo tanto generan incentivos asimétricos y tergiversados; entonces, por último, como pretendido mecanismo de justicia universal, se ofrece acceso a bienes y servicios altamente subsidiados o gratuitos de manera igualitaria a todos los ciudadanos, con lo cual se garantiza una mínima protección a los grupos de menores ingresos, pero a la vez se dilapidan cuantiosos recursos que los restantes grupos no consumen.

Todo este panorama de distorsiones se convierte en una de las principales barreras a la productividad del trabajo. No habrá posibilidad alguna de un salto en la productividad si no se corrigen estos elementos –entre otros que también impactan y que no pueden atribuirse a la actitud del trabajador. ¿Por dónde comenzar? Considero que es urgente emprender una Reforma Salarial. Creo que las mayores reservas están aquí en la esfera de la redistribución. Debo aclarar que lo que propongo no es impulsar un incremento masivo de salarios como se hizo en 2005, sin tocar los restantes factores. Esa opción sería totalmente inviable desde el punto de vista económico. Hay que buscar las fuentes para ese incremento de salarios, y es posible encontrar una manera más eficaz, mejor dirigida, más coherente, para redistribuir los mismos recursos que hoy se disponen.

Se requiere urgentemente emprender una Reforma que corrija las distorsiones internas del sector estatal y, además, reevalúe al sector estatal propio, enviando las señales adecuadas a los trabajadores. El sector estatal está cada vez más expuesto a la competencia por los recursos humanos que viene desarrollando el sector privado. Esta es una señal importante y, a mi juicio, no puede esperar una recuperación de la economía, sino que tiene que diseñarse sobre la marcha, porque es justamente uno de los puntales de la propia recuperación de la economía.

Hasta aquí he tratado de esbozar algunos los elementos fundamentales. Hay algunas barreras, algunos retos que están también planteados, además de lo que he mencionado. Por ejemplo, constituye un fenómeno muy grave en la actualidad la imposibilidad de medir de forma certera los hechos económicos, tanto a nivel de la empresa como de la economía nacional. Hoy no sabemos con rigor si una empresa es rentable o no, o si el Producto Interno Bruto creció o no. Esto se debe, fundamentalmente, a la incapacidad del sistema de precios –sobre todo por las distorsiones ocasionadas por la dualidad cambiaria– para reflejar coherentemente los hechos económicos.

Por otra parte, es realmente muy complejo emprender una transformación de la magnitud de la que estamos asumiendo sin contar con un financiamiento específico para ello, y peor aún, si consideramos que las condiciones de partida son ya de por sí muy críticas. Siempre con cualquier reforma hay algunos que resultan ganadores y otros perdedores y no siempre se puede prever con exactitud. Cuando los perdedores son los agentes que usted no desea que sean los perdedores, se necesita financiamiento para compensar ese resultado.

Finalmente, no quiero dejar de mencionar dos temas esenciales: primero, el proceso de actualización requiere acompañarse de una estrategia comunicacional coherente y moderna, y advierto –con la modestia del neófito consciente– que esto no está funcionando adecuadamente; segundo, ante cada medida a implementar debe declararse públicamente cuál es el objetivo que se propone y cómo se pretende medir su impacto. La medición oportuna y rigurosa de los impactos en todos los ámbitos de la sociedad es la única garantía de no derrumbar el socialismo durante el proceso mismo de su construcción. Hay que estudiar con rigor las lecciones del campo socialista, particularmente la etapa de la perestroika soviética y los modelos de reforma en los restantes países de Europa del Este, así como también nuestra propia historia de los años 70, la posterior Rectificación de Errores y la Reforma de los noventa. La Historia está cargada de respuestas.

(Aplausos).

Intervenciones durante el debate

 En realidad, yo también ponía esta idea de los viejos y nuevos actores –sujetos todos a nuevas reglas de juego en lo adelante– no en términos generacionales, sino en términos de agentes socio-económicos. Me refería a la aparición de nuevos actores, tales como trabajadores independientes, dueños de negocios, empleados en negocios privados, cooperativistas, inversores foráneos en negocios privados en Cuba, banqueros privados, importadores mayoristas privados, empresarios estatales con autonomía y poder de mercado, gobernantes locales con la posibilidad de decisión sobre recursos, trabajadores estatales calificados con la posibilidad y los incentivos para contratarse en el exterior, todos ellos entre una larguísima lista que pudiera elaborarse.

Aunque en realidad no todos son necesariamente nuevos en este momento en nuestra sociedad, sí es cierto que dado el nuevo escenario económico y político están emergiendo con una dinámica propia, con una fuerza en ascenso, que se entretejen en redes cada vez más organizadas y muchas veces construyendo espacios extralegales, y que pueden estar empujando procesos sociales en cualquier dirección, no siempre precisamente en el sentido que demanda un socialismo cada vez más democrático y auténtico. Este fenómeno, descrito por algunos académicos cubanos como “la existencia de transiciones simultáneas”, hay que tenerlo en cuenta, tiene que ser objeto de estudios permanentes. No estoy seguro de que todos tengamos la idea completa de lo que se potencia ante el nuevo contexto.

Están ocurriendo muchas cosas en el país, en ámbitos muy diversos. Este nuevo modelo, con estas nuevas reglas de funcionamiento, está generando o promoviendo determinados comportamientos que pueden ir más allá de lo esperado. Habitualmente nuestros marcos regulatorios pretenden ser muy precisos y estrictos, pero la creatividad e iniciativa que nace de la realidad social siempre estará varios pasos más adelantada, y ante esto no podemos actuar –como solemos hacer– de manera reactiva, definiendo nuevas regulaciones. A eso me refería.

Usted ha conducido la pregunta hacia el tema generacional y creo interesante hacer también un comentario en ese sentido. A mi juicio no es un problema estrictamente de generaciones. Aunque ciertamente, cuando usted observa que la edad promedio del Buró Político está cercana a los 70 años, ahí hay un hecho muy ilustrativo. Es natural que llegada determinada edad sea un poco más difícil conservar el espíritu innovador y estar dispuesto a transformarlo todo. Pero siempre hay personas más propensas que otras, que a pesar de la edad asimilan perfectamente los cambios conceptuales y tienen la capacidad de desaprender cosas que aprendieron con una fuerza brutal en otros momentos de su vida. Esto les da la capacidad ahora de percibir la realidad cubana incluso desde otra perspectiva mucho más dialéctica y, por tanto, mucho más enriquecedora. Pero también es cierto que la permanencia en un importante cargo decisorio de una persona que no tenga ese espíritu, que confunda los principios innegociables con las formas que estos adoptan en un momento concreto, y que termina amurallado en trincheras de dogmas, se erige en barrera colosal a la transformación y a la búsqueda de las nuevas soluciones que requieren los nuevos contextos.

Sin embargo, también puede ocurrir esto en generaciones jóvenes. He conocido decenas de dirigentes jóvenes en distintas organizaciones e instituciones, que en lugar de aportar capacidad creadora y transformadora, identifican como una actitud supuestamente revolucionaria la repetición de discursos incorporados de forma doctrinaria, carentes de argumentos, convicción y autenticidad, dirigentes disciplinados promovidos a través de los diversos niveles de nuestras “políticas de cuadros”, los que laceran aún más las esperanzas respecto a la verdadera transformación revolucionaria que necesitamos.

Sin dudas es este un problema complejo, el componente generacional desempeña un papel importante, aunque no considero que sea el único. En todo hay que hacer un balance y no me parece que este tema se pueda plantear desde una manera absoluta. Habría que ver, si en los años 60 los líderes de la Revolución a todos los niveles no hubieran sido tan jóvenes, si hubieran tenido un poquito más de experiencia, es muy probable que se hubieran cometido menos errores, pero quizás no se hubiera tenido el suficiente ímpetu para emprender las transformaciones con el nivel de radicalismo con que las emprendimos, que era imprescindible en aquel momento.

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Evidentemente hay muchos temas que se han mencionado en esta ronda, que trascienden las posibilidades que brinda este espacio y no solo por razones de tiempo, sino que hay que aproximarse a ellos de manera iterativa, construyendo la verdad colectivamente. Entonces, cualquier cosa que uno responda desde este lado del auditorio siempre será solo una porción de esa verdad, sesgada e inacabada, que requiere ser compartida y contrastada.

Voy a empezar por el final, por el tema de los eufemismos. El más debatido de ellos, la noción de trabajador por cuenta propia, es empleado para referir a una gama de actores de naturaleza muy diversa, cuyo denominador común es que no son empleados del sector estatal. Esto puede tener alguna explicación lógica, pero también tiene consecuencias no despreciables. La explicación ya se adelantaba por otro panelista. Estamos en medio de un proceso de transformaciones conceptuales donde llamar a las cosas por su nombre, con el rigor que lleva, tiene connotaciones psicológicas en una gran masa de la población que quizás no está preparada para comprender en toda su magnitud el significado de esa categoría.

Digo esto porque una cosa es cuando uno lanza una categoría polémica en un contexto, digamos como este, bastante estrecho, donde existe la oportunidad de interactuar varias veces, e incluso de continuar debatiendo luego en el Malecón o el Coppelia; pero otra muy distinta es cuando el presidente del país, en la Asamblea Nacional, se dirige a millones de personas a través de los medios masivos. Ahí la comunicación es unidireccional, al menos en lo inmediato, y tiene impactos instantáneos sobre una gran heterogeneidad de públicos. Por otra parte, hay categorías que han resultado expropiadas de su significado científicamente riguroso, por concepciones políticas arraigadas durante muchos años. Los términos “economía de mercado” y “economía planificada” son ejemplo de ello.

El término “trabajadores por cuenta propia” tendrá que ceder poco a poco el paso a otros términos más exactos para describir los diferentes actores que actualmente encierra. Y tendremos que reconocer la diferencia entre los trabajadores individuales, los cooperativistas, los empleados de negocios privados, y los propietarios de estos negocios. Habrá que distinguir también en algún momento a los portadores legales de las licencias de los verdaderos dueños del negocio, muchas veces radicados en el exterior. No hacerlo hoy tiene connotaciones. Por ejemplo, en la sindicalización de los cuentapropistas, al no reconocer legalmente la diferencia entre empleados y empleadores, se ignora la naturaleza contradictoria de las relaciones que se establecen entre ellos, y se anulan las potencialidades de protección y contrapartida que desde el sindicato pudiera ejercerse. Otro caso similar ocurre cuando tenemos un individuo que es dueño real de varios establecimientos –digamos restaurantes, cafeterías, casas de alquiler– y en cada uno de ellos contrata a otra persona para que figure como portador legal de cada licencia. El no reconocimiento de la diferencia entre el portador y el verdadero dueño, posibilita, entre otras cosas, la presentación fragmentada en varias unidades económicas de lo que debería ser la declaración jurada de un solo dueño, y por tanto esto le permite clasificarse en una escala de menores ingresos, a los efectos de su contribución tributaria.

Entonces, ahí hay ejemplos de las consecuencias que derivan de esa interpretación eufemística que hay que ir corrigiendo. Yo creo que este es un estado normal de cosas, atendiendo a que nos encontramos en los pasos iniciales del proceso. Pero confío que el camino se va a ir despejando, nos vamos a ir acondicionando poco a poco a las interpretaciones teóricas más rigurosas y apropiadas. Las leyes tendrán que reescribirse –más temprano que tarde– reconociendo las diferencias entre actores, porque de lo contrario se eternizan y se agigantan sus impactos negativos.

Hay otros temas muy importantes mencionados por el auditorio. La intervención sobre el salario, por ejemplo. Creo que en esto no tenemos contradicciones esenciales. Comparto la idea de que es una urgencia, ya lo decía en mi presentación. Muchas cosas dependen de que se revolucionen las formas de retribución. Hay que enviar las señales positivas, hay que enviar las señales necesarias, porque hay muchas cosas en juego: ahí tenemos la emigración de la fuerza de trabajo joven; primero, hacia el sector no estatal, lo cual tiende a descapitalizar sectores que claramente son estratégicos para el país; y segundo, la emigración hacia el exterior. No es el salario la única causa, sin duda alguna, ni es la emigración la única consecuencia. No obstante, es preciso recomponer las fuentes de ingresos, buscando que las diferencias sociales que se generen tengan un origen legítimo para el socialismo, o sea, que estén explicadas justamente por la trascendencia social del trabajo.

Este es un camino largo pero creo que hay que empezar cuanto antes, lo que no quiere decir que se resuelva inmediatamente. No comparto la idea de que haya que esperar a que mejore la productividad para lanzar esa transformación. Creo que hay reservas desatables. Es un proceso complejo, muy complejo, porque tiene muchas implicaciones, pero hay que acometerlo cuanto antes. Además, estas normas salariales que todavía están imperando son “ancianas”, responden a un contexto en que realmente la situación era completamente diferente, con niveles de precios bien diferentes y otras características en los mercados de bienes y servicios.

Entonces se generan distorsiones tan grandes como, por ejemplo, que un ministro de un ramo puede ganar un salario inferior a un obrero de una empresa. El obrero quizás está vinculado directamente a los resultados de su producción y entonces puede ganar un plus mensual, mientras el ministro probablemente acceda a un salario fijo de 600 pesos. Claro, entonces aparece el fundamento ético para la existencia de otras retribuciones no salariales, que entran a complementar esas deformaciones del sistema, compensando el salario del ministro, pero que terminan siendo muy discrecionales. ¿Por qué hay sectores u organismos que reciben diversas formas de la llamada estimulación (jabita, cuc, vestuario, plan vacacional…) y otros tan o más importantes no? ¿Por qué un funcionario de determinado nivel u organismo recibe una asignación mensual de gasolina para utilizar en su auto privado, mientras otros empleados públicos de igual responsabilidad o jerarquía puede que no la reciban? ¿Por qué si ese mismo funcionario no tiene auto privado no recibe el equivalente a esa compensación en otra forma? ¿Quién decide si una vivienda en la capital –desocupada, intervenida, o construida por el Estado– debe asignársele a un cirujano del hospital Calixto García, a un pelotero del equipo Industriales, a un funcionario del Gobierno Provincial, a un profesor de la Universidad de La Habana, o a un viceministro que se divorció de su esposa? ¿Por qué ninguno de ellos puede aspirar a adquirir una vivienda digna, o incluso a reparar la suya, con los resultados de su trabajo?

Esto hay que transparentarlo y ponerlo todo encima de la mesa, expresándolo en términos monetarios, para comprobar realmente cuánto estamos pagando por el trabajo honrado en nuestro país y corregir tantas distorsiones que nos tienen al borde del colapso. Por eso afirmo que es un proceso urgente y que no puede esperar que se componga la productividad, más bien constituye en sí mismo el punto de partida para impulsarla.

Por último, me referiré al tema de la democratización en la toma de decisiones sobre las transformaciones socioeconómicas en marcha, mencionado en la ronda de preguntas. En primer lugar, evidentemente, es imposible evadir la necesidad de una modificación también en la organización política de la sociedad. El nuevo modelo económico de socialismo en Cuba requerirá también adecuaciones en el modelo político, en un camino hacia la profundización de un socialismo más democrático, sin obviar –por supuesto– la guerra económica que se nos hace, pero sin sacrificar por ella el avance real en el empoderamiento de nuestros ciudadanos.

En este momento, puedo afirmar que por lo menos la relación investigadores-decisores es una de las más cercanas en los últimos 20 años, como mínimo. Al menos los académicos e investigadores de las ciencias sociales están desempeñando una participación creciente, que realmente va mostrando resultados positivos, a mi juicio. Se ha generado un grupo de espacios importantes de colaboración. Puedo mencionar en primer lugar los Diplomados de Administración Pública y Gestión Empresarial que se imparten en la Escuela Nacional de Superación de Cuadros del Estado y el Gobierno –creada recientemente– así como en sus filiales provinciales y ramales por todo el país. Por aquí están transitando, como profesores, algunos de nuestros académicos más prestigiosos, y como estudiantes, funcionarios tales como ministros, viceministros, Secretarios del Partido a nivel provincial, presidentes de gobiernos provinciales, entre los de mayor jerarquía. Aquí se interactúa descarnadamente en un proceso muy interesante, que aporta mucho en ambos sentidos.

Por otra parte, hay también un grupo amplio de investigadores, profesores y académicos en general que están insertados en un órgano asesor que se creó para la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, que es el Consejo de Científico Técnico o Consejo de Ciencia y Técnica, no recuerdo el nombre exacto. Este órgano está acometiendo investigaciones de todo tipo, trabajos encomendados directamente por  la Comisión de Implementación, que pasan por un proceso de varios niveles de discusión hasta llegar a la más alta dirección política del país.

Esto está arrojando resultados. Percibo con orgullo que muchas de las ideas sobre las que estamos interactuando, discutiendo, ganan fuerza como argumentos para nuestros funcionarios. Incluso en los discursos, en algunas decisiones que se toman, uno empieza a ver un sentido, una lógica científica compartida, o al menos una conciencia de los diversos puntos de vista. Tengo la percepción que los compañeros que cargan la responsabilidad institucional de impulsar las transformaciones que han sido aprobadas por el Congreso, están convencidos de lo imprescindible que es compartir esta responsabilidad.

Estas acciones no constituyen ni por asomo la institucionalización que necesitamos de la participación efectiva y sistemática de la ciudadanía en los procesos sustantivos de la nación. Pero son un buen paso de avance y una señal muy positiva respecto a su funcionamiento anterior, por lo que veo el asunto con optimismo.

Subrayo, para finalizar, que considero una oportunidad histórica estar viviendo y protagonizando este momento en Cuba. Realmente yo no tenía muy definida mi vocación profesional cuando terminaba el 12 grado, de  hecho quería ser periodista, pero la vida me empujó hacia la carrera de economía. Hoy siento orgullo, entusiasmo y mucha motivación por todos los grandes retos que se nos presentan por delante, por la gran responsabilidad que recibe nuestra generación, pero lo veo siempre con una mirada optimista. Creo que hay mucho por hacer, hay mucho por transformar. Como nos dijera en la Universidad hace unos años Alfredo Guevara, maestro de juventudes inspirador de este espacio, es imprescindible y urgente impulsar con todas las fuerzas posibles una nueva Revolución dentro de la Revolución. Esta nueva Revolución está recién comenzando. El socialismo de los cubanos del 2030 no nos lo van a legar, lo vamos a construir nosotros mismos desde las trincheras actuales. Para eso estamos aquí. (Aplausos).

Acerca de Dialogar, dialogar

Historiador, investigador, papá de María Fernanda y Alejandra
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