Entrevista a Oscar Fernández Estrada, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UH
Publicada en Revista Universidad de La Habana, No. 276, julio-diciembre 2013, pp 216-222
¿Qué papel deben cumplir las ciencias económicas ante la problemática cubana actual? ¿Qué necesidades y demandas de conocimiento aprecia?
La economía ha pasado, de súbito, a ocupar un sitial privilegiado en el concierto de las ciencias en Cuba. El primero de agosto de 2009, el presidente Raúl Castro proclamó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular –por primera vez explícitamente– la necesidad de transformar de forma sustancial las bases económicas del proyecto socialista cubano, al convocar a definir “el modelo económico que regirá la vida de la nación”. A partir de ese momento y en el contexto de la celebración del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), la economía se convirtió en el tema central de discusión en toda la isla.
Fue un objetivo notorio de estos debates estimular el protagonismo de lo económico, procurando –al menos metodológicamente– su aislamiento del entramado restante de las relaciones sociales. Comienza entonces a ceder espacios aquel paradigma epistémico instalado a través de varias décadas, que instituyó un sistema de dirección de la sociedad cubana basado en la preponderancia semiabsoluta de criterios socio-políticos de racionalidad. Este modelo, que fue capaz de conseguir éxitos sociales jamás soñados por un país tercermundista, también fue portador de un sinnúmero de costosos desatinos en materia propiamente económica, cuyos perdurables impactos negativos se han convertido en lastre para el propio desarrollo en el ámbito social.
El panorama cubano en construcción se muestra con intenciones de transformar este hecho. El eje central radica ahora en el reconocimiento de que no es posible siquiera mantener los estándares sociales logrados sin pensar en reconstruir coherentemente las bases económicas que sustentan el proyecto todo. El reto, en lo adelante, reside en no entregarse al sesgo del pragmatismo economicista.
Por otra parte, durante años muchas decisiones económicas a distintos niveles no han sido tomadas bajo el examen de economistas, sea por carencias formativas en algunos decisores o por lo limitado de sus vínculos con las instituciones pertinentes a estos efectos y, de manera particular, con las académicas. En paralelo –no sé si pueda describirse como causa o consecuencia de lo anterior– el potencial académico/investigativo de universidades y centros no se ha explotado plenamente al servicio de las necesidades de la economía del país. En este sentido, en la actualidad se coordinan esfuerzos para articular este potencial con los responsables del diseño e implementación del modelo económico en construcción. Por ejemplo, profesores e investigadores trabajamos como colaboradores semipermanentes en la Comisión de Implementación de los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, del VI Congreso del PCC; se ha creado un consejo científico asesor a esta Comisión para encauzar de forma sistemática resultados investigativos existentes en todas nuestras instituciones y encomendar nuevas tareas científicas a grupos con cierta multidisciplinariedad; se creó la Escuela Superior de Cuadros del Estado y el Gobierno, y sus filiales territoriales y ramales, donde se han organizado distintas figuras de posgrado, básicamente en las materias de administración pública y de gestión empresarial, lo cual ha constituido un excelente espacio para conectar directamente a varios de nuestros académicos de prestigio con ministros, viceministros, presidentes de gobiernos locales, secretarios provinciales del PCC, entre otros funcionarios de alto rango que transitan por estos cursos.
En estas acciones, entre otras que se producen, se comienza a observar una mayor integración de las diferentes áreas del conocimiento para abordar cada problema, pero aún no se construyen los puentes necesarios para examinar lo económico en un sistema indivisible junto a lo político y lo social. Por ejemplo, el currículo de la carrera de Economía en nuestro país tiene notables carencias de saberes de sociología, psicología, politología, geografía e historia contemporánea, entre otras materias imprescindibles para la comprensión que demanda la economía socialista. Además, hasta donde conozco, rara vez se registra un proyecto de investigación que, desde la economía, busque integrar investigadores con enfoques de otras disciplinas.
Otro asunto crucial se halla en interacción con los derroteros teóricos que han conducido la ciencia económica internacionalmente y sus implicaciones para construir una sociedad alternativa. En nuestro país los científicos de la economía transitan por procesos muy complejos de desaprender y aprender conceptos. Aún late con fuerza la impronta del dogmatismo soviético –inmóvil, a ratos desapegado de nuestra realidad y que en muchas ocasiones confundió la ciencia marxista con militancia y disciplina comunistas– en el cual se educaron varias generaciones de profesionales cubanos. Por otro lado, grupos formados a partir de los noventa bebimos de los presupuestos de la ortodoxia de la economía neoclásica convencional, sin abandonar el marxismo, pero, a la vez, sin conseguir articular una crítica orgánica a estos paradigmas caracterizados por su eficacia en la difusión de la ideología del capital.
El núcleo neoclásico promovió la formalización matemática como el único método científicamente válido de hacer economía, en un intento de producir una ciencia exacta centrada en modelaciones empíricas, y eludir referencias a su carácter esencialmente social. La respuesta más difundida del lado marxista fue negar esa formalización e ignorar la utilidad de muchos de sus aspectos. Mientras tanto, existe una crítica al paradigma neoclásico bien estructurada desde la heterodoxia no marxista, que no ha sido suficientemente aprovechada en nuestro país. He aquí un gran reto para la ciencia económica en la Cuba actual. Se requiere producir una síntesis teórica creativa al servicio del proyecto socialista cubano. Para ello, sin desechar las investigaciones aplicadas y la modelación empírica, constituye una necesidad estratégica dedicar mayores esfuerzos a la construcción de nuevas estructuras teóricas de consenso, en ocasiones relegadas a planos secundarios ante enfoques excesivamente pragmáticos.
Quizás toda esta circunstancia, y una no usual mesura en análisis y decisiones, conducen a uno de los principales riesgos: las propuestas extremas, radicales, como solución. Nos cuesta mucho avanzar hacia la síntesis sinérgica. Por ejemplo, si de un lado tenemos la aceptación acrítica y entusiasta de la plenitud del mercado como válvula de escape ante una planificación distorsionada que tanto nos ha vapuleado, del otro enfilamos bayonetas en la trinchera anti mercantil encomendada a dirigirlo todo centralmente, a asignar directamente las tareas productivas y los recursos, bajo el supuesto –muchas veces denostado– de la mayor eficacia global del sistema. Cuesta y costará mucho esfuerzo que comprendamos que planificación no tiene por qué ser sinónimo de administración centralizada de todo cuanto se mueve, y a la vez, que mercado no significa control capitalista y anulación del rol del Estado en la conducción de la sociedad. Se vislumbra como una buena fortaleza –si en verdad se le presta todo el apoyo estratégico que requiere– la reconstrucción creativa de la disciplina de Planificación emprendida desde 2009, luego de más de quince años de ausencia casi total en el plan de estudios de la carrera de Economía.
Otro gran reto estriba en la necesidad de asunción crítica de un sistema categorial que ha sido diseñado para una “ciencia” económica funcional a las necesidades de reproducción del capital, y que en ocasiones nos llega como certeza axiomática. Esta “ciencia”, por ejemplo, nos ha legado una categoría de política económica, contentiva de instrumentos propios y objetivos per sé, mientras propone la política social como un componente subsidiario encargado de corregir desigualdades residuales generadas por la política económica. Sin embargo, la política económica de una economía cuya naturaleza pretende ser distinta debe concebirse como un todo armónico con lo social, debe medirse por sus impactos en el ser humano y no supeditar estos a los equilibrios a veces fútiles que impone el paradigma convencional.
Esto nos lleva a otro asunto también del sistema categorial: ¿cuáles deben ser los indicadores adecuados para medir la evolución de la economía hacia los objetivos del desarrollo socialista?, ¿pueden considerarse óptimos los indicadores convencionales de la macroeconomía para evaluar el desempeño de la economía cubana?, ¿se puede medir el éxito –incluso el económico– del proyecto de desarrollo socialista cubano en términos de producto interno bruto (PIB)? Varios periodos de la economía cubana que experimentaron notables crecimientos del PIB –como las etapas 1975-1985 y 2004-2007– generaron a su vez grandes desbalances en la estructura económica, además de otras distorsiones que implicaron retrocesos en la construcción socialista. No podemos sucumbir dócilmente ante la trampa del paradigma del PIB cuya lógica se ocupa de modo estricto de contabilizar transacciones monetarias. Por este camino, se legitiman y promueven asuntos tan sensibles para la supervivencia de la humanidad como la obsolescencia programada, la producción bélica, el “extractivismo” de recursos naturales, o la comercialización de los derechos de emisión de contaminantes. La producción solidaria, por ejemplo, no es reconocida como un bien ante las cuentas del PIB. Este debate evidentemente demanda un espacio mucho más amplio que el que permite esta entrevista.
Hay otros asuntos muy espinosos urgidos de solución definitiva que demandan altas dosis de dedicación y creatividad científicas. Por ejemplo, la tristemente célebre dualidad monetaria en realidad solo constituye la punta de un profundo iceberg: la incapacidad del sistema general de precios de reflejar coherentemente los hechos económicos -incluye precios de bienes y servicios, salarios, tasas de cambio, y tasas de interés, entre otros-. Lo anterior, resultado de muchos años de discrecionalidad administrativa, que ha actuado en ocasiones al margen de leyes económicas objetivas, constituye un inmenso reto para la ciencia económica en Cuba.
A nivel de las unidades productivas se presentan también grandes desafíos. La definición con claridad de cuál es el criterio de optimización que debe regir el desempeño de cada tipo de entidad económica ayudaría a establecer un sistema de reglas claras que emitan señales y ejerzan control indirecto sobre las decisiones empresariales. La economía socialista necesita empresas cuyo fin supremo sea la maximización de rentabilidad, que batallen por la expansión e innovación constantes –aunque acotadas a parámetros de responsabilidad socioambiental– y, a la vez, necesita emprender determinadas producciones socialmente importantes aunque el mercado no las haga redituables. He ahí un gran dilema: ¿cómo lograr esto sin que medie un proceso constante de intervención administrativa?
La respuesta es simple aunque la solución es compleja: hay que reconocer competencias cuasi plenas a los actores y el Estado debe aprender a regular los mercados. En los últimos años han tomado mucha fuerza a nivel internacional las ideas sobre el papel determinante que desempeñan las instituciones en el desenvolvimiento económico. Los asuntos relacionados con la teoría de la regulación –que justamente busca concebir las instituciones adecuadas para conducir a los actores hacia los fines deseados– tienen aún una presencia muy limitada en nuestros programas de estudio, en tanto se desconocen totalmente en el ámbito de los funcionarios públicos y los organismos del Estado.
Por último, el desafío mayor que se presenta radica en descifrar realmente cuales son los límites que no pueden ser transgredidos con la reforma en marcha, pues se pondría en riesgo la continuidad misma del proceso histórico emancipador. Por lo general, el debate se encauza hacia la propiedad sobre los medios de producción, lo que ofrece soluciones diametrales en función del significado que se atribuya al concepto de fundamentales. En mi opinión, la cuestión esencial estriba en cómo lograr que el control de la política económica no caiga en manos del capital privado nacional y trasnacional, aun internalizando la necesidad objetiva de articular plenamente a estos actores en nuestro sistema económico y político. Por otra parte, habría que avanzar resueltamente hacia formas mucho más profundas y desarrolladas de control por parte de la sociedad sobre los hacedores reales de esta y otras políticas. En tercer lugar, está el objetivo –para mí supremo– de que sea el trabajo y no la posición ante los medios de producción, la principal fuente de las diferencias sociales, que estarían en este caso éticamente legitimadas.
Para cerrar este punto subrayo la necesidad de plantearnos como meta medible el producir prosperidad social. No se avanza hacia el proyecto monumental del socialismo a costa de los sacrificios vitales de generaciones completas. Hay que proponerse constante prosperidad. Salud y educación gratuita y de calidad como las que tenemos hoy, por ejemplo, no son signos de prosperidad para mi generación, en tanto sí lo fueron para mis padres y abuelos. Por supuesto que en este, al igual que en todos los temas anteriormente mencionados, las respuestas no es posible hallarlas en el parcelado enfoque del universo estrecho de lo económico.
¿Cómo evalúa la situación de las ciencias económicas en la Universidad de La Habana y, por tanto, su capacidad de respuesta a los desafíos de la sociedad cubana hoy y respecto al futuro?
La Universidad de La Habana, como centro rector de los estudios económicos en el país, se erige en vértice del volcán. De los retos científicos que he mencionado hasta aquí, algunos se asumen en nuestra alta casa académica desde la plena convicción de su existencia, mientras otros bullen sin ser aún explícitamente advertidos.
Uno de nuestros debates álgidos en los últimos años ha estado relacionado con la organización institucional óptima de las áreas de investigación económica. Las facultades y centros de investigación dedicados a esta ciencia pudieran redefinirse de otra manera, aparentemente más ventajosa para el desarrollo científico, pero ello implicaría costos significativos al romper dinámicas que han funcionado ya durante bastante tiempo. No obstante, cualquiera que sea la solución institucional que se adopte, la disposición y entrega a la construcción del saber que demanda la nación continuaría poniéndose de manifiesto, tal como ha ocurrido históricamente. Su presencia en todos los nuevos frentes es un hecho inconmensurable.
Sin embargo, otros aspectos menos encumbrados –y hasta tal vez algo mundanos– pueden constituir piedra angular en nuestra capacidad de respuesta a la prominente circunstancia que se nos impone. Por ejemplo, aún no se logra que las instituciones correspondientes abandonen los dogmas inerciales latentes e implementen en definitiva el concepto socialista de remunerar en correspondencia con lo trabajado. El gran cúmulo de tareas que se viene sumando en los últimos años –como las horas adicionales de docencia en las escuelas de cuadros o la participación como expertos o consultores en tareas gubernamentales– no encuentra reconocimiento retributivo, más allá de la satisfacción de aportar a una importante causa. Se requiere una reforma general del sistema salarial que consiga ponderar de manera adecuada aquellos resultados del trabajo constitutivos de impactos tanto para la economía directamente, como para el desarrollo de la ciencia en cuestión.
Nuestras áreas, probablemente al igual que otras en la Universidad de La Habana, aunque asuman como responsabilidad propia los retos del país, a mi juicio no se encuentran en las mejores condiciones para enfrentar las exigencias del actual proceso de transformación de la sociedad cubana. Por ejemplo, es palpable una brecha generacional en nuestro personal académico. Coinciden en él un núcleo reducido de eminentes científicos de edad avanzada junto a una masa volátil de jóvenes en formación, en ocasiones sobrecargada con tareas no investigativas o asumiendo valientemente responsabilidades de dirección aún sin la preparación ni la madurez requerida.
A esta masa de jóvenes, selección de talento y compromiso político de sus respectivas graduaciones, se les dificulta en medida muy considerable afrontar sus proyectos de vida elementales en los marcos del arreglo institucional que se les ofrece. El apremio de completar por otra vía los ingresos requeridos, incluso para su reproducción como fuerza de trabajo –fenómeno que impacta a buena parte de los trabajadores estatales en Cuba–, genera muchas presiones ante el nuevo contexto de expansión de la actividad privada.
Diversas formas de empleo parcial no estatal –sea o no formalizado– suelen ocupar una parte del tiempo fundamentalmente de los jóvenes, muchos de los cuales finalmente abandonan la actividad académica o entran como profesionales de la economía en el sector privado. Otros apuestan a opciones de formación posgraduada en el exterior que, además de cierta cobertura económica no despreciable en comparación a nuestros niveles remunerativos, garantizan sobre todo una plena dedicación al estudio en condiciones de infraestructura investigativa y social muy superiores a las nuestras, y eximidos de activismos, comisiones y tareas administrativas asfixiantes.
Ante este escenario, observo con preocupación la amenaza que se cierne, ya no sobre la construcción de los conocimientos nuevos que toda ciencia necesita sino, incluso, sobre la capacidad de conservar el desarrollo alcanzado en algunas disciplinas. Los procesos de producción de conocimientos, a diferencia de muchos otros procesos productivos, requieren consolidar una fuerza de trabajo estable que vaya creciendo sobre sus propios cimientos de forma constante. Tengo la intuición de que la fuerza de trabajo académica en la Universidad estará expuesta en estos tiempos –si no lo está ya– a una fluctuación mayor que la que puede asimilar de manera efectiva.
¿Qué sugerencias puede hacer a la política universitaria de investigación científica y formación posgraduada?
Más que formular recomendaciones precisas lo que he intentado es describir algunos de los fenómenos que nos caracterizan hoy y exponer sus posibles causas, de lo cual se pueden derivar posibles acciones -aunque la mayoría creo que escapan del ámbito de la dirección de la Universidad de La Habana-. No obstante, hay aspectos que quisiera enfatizar.
Considero un hecho que buena parte de la producción científica no consigue – o no se propone – superar los enfoques disciplinarios sesgados. Los sistemas curriculares establecidos como parcelas especializadas, así como la propia organización de la ciencia en nuestro país, se erigen como causas directas. Así, considerar las ciencias económicas como un conjunto independiente, distinto de las ciencias sociales, realmente no contribuye a esa concepción holística que reclama el enfoque marxista.
Al interior de la ciencia económica que producimos también se observan compartimentos estancos que limitan, por ejemplo, el desarrollo de una concepción marxista de la política económica. La noción del departamento docente como el centro ejecutor de todos los procesos no favorece la investigación transdisciplinaria. La organización por proyectos de investigación requiere ser fortalecida. Los jefes de proyectos deberían considerarse como un nivel jerárquico para la investigación, de la misma forma que los jefes de departamento para la docencia.
Por otro lado, el modelo de la educación superior imperante y la forma en que este se gestiona sustrae mucho tiempo de la autopreparación docente y, sobre todo, al trabajo investigativo de nuestros académicos, el cual termina siendo una actividad casi residual. Esto no es lo que necesita el país.
En resumen, he intentado presentar –desde mi perspectiva y entorno concreto– un conjunto de titulares temáticos que son trascendentales para el desarrollo de la ciencia de la economía en Cuba ante los nuevos y viejos desafíos de la sociedad. Aunque los retos se nos presentan en una dimensión descomunal y las fuerzas para enfrentarlos no se hallan todas alineadas aún, un nuevo modelo de sociedad está emergiendo. La construcción del socialismo sustentable y próspero que necesitamos supone una gran responsabilidad para economistas y contadores, sean o no académicos. Esperamos estar a la altura.
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